Mujeres con discapacidad son víctimas del internamiento involuntario en hospitales psiquiátricos, así lo denuncia la organización Documenta bajo el informe ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios a la salud mental en México. En el cual señalan los avances pero también los vacíos legales que existen para garantizar los derechos de las personas con discapacidad como lo es la salud mental, en especial de las mujeres, niñas y adolescentes.
En México las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación, por el hecho de ser mujeres y por enfrentarse a una situación de discapacidad o limitación. Según datos de la ENDIREH señala que el 73% de mujeres con discapacidad o limitaciones se han enfrentado a un tipo de violencia a lo largo de su vida donde prevalecen la violencia psicológica con 58% o, la física con 45% y la sexual con 48%.
De igual forma aquellas mujeres que viven con algún tipo de discapacidad intelectual se enfrentan a otras problemáticas socio culturales como la falta de espacios acondicionados para su cuidado, y las cuales son víctimas de internamientos forzosos en hospitales psiquiátricos y violencia física bajo la justificación; Por Razón Necesaria (PRN).
Así lo remarca Documenta en su informe publicado el 2020 en el que registra violaciones a los derechos humanos de las pacientes en los servicios de atención a la salud mental como es el caso del Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto Tepexpan, en el Estado de México.
Gracias a los archivos a los que tuvieron acceso, pudieron documentar que al menos, 92 de las mujeres internadas en dicho hospital, son víctimas de internamiento forzoso, golpes, humillaciones, maltrato, castigos y violación sistemática a sus derechos humanos.
En el 90% de los casos, los violentadores son los doctores, trabajadores y/o autoridades de estos espacios, señaló Diana Sheinbaum, coordinadora del programa Discapacidad y Justicia en la organización civil.
“Hay muchas violaciones a los derechos humanos en el contexto de atención a la salud mental” comentó. Cuando revisaron los informes a los que tuvieron acceso donde se registra el proceder de las personas encargadas de estos hospitales psiquiátricos que generalmente comprenden acciones de fuerza mayor eran justificadas con las siglas (PRN).
Al ahondar más en el tema se dieron cuenta de su significado: ‘Por razón necesaria’. Es decir, cada vez que vulneran a sus pacientes psiquiátricos utilizando la fuerza u obligándolos a hacer algo, su justificación era ‘PRN’, lo que da nombre al informe de Documenta y muestra las condiciones en las que se encuentran las pacientes.
Así esta asociación civil expone violaciones a los derechos humanos de pacientes psiquiátricos para evidenciar y lograr un cambio en los servicios de atención a la salud mental en México.
“En México, la desprotección que sufre la población institucionalizada ha creado un desequilibrio de poder entre el personal y la población interna, una de las expresiones más documentadas son los actos de violencia sexual acompañados de amenazas, intimidación y humillaciones”, señalan en el informe.
Vacíos legales en la Ley General de Salud
Es evidente que todavía hay muchos vacíos con respecto a la construcción de un marco normativo que realmente garantice los derechos de las mujeres con discapacidad; sin embargo, también hay algunos avances importantes.
La legislación ha planteado como una obligación para las instituciones de justicia realizar las modificaciones a los procesos para garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ser consideradas como sujetas y sujetos de derechos en igualdad de circunstancias.
También en el 2022 se reformó el artículo 72° de la Ley General de Salud donde se plantea que todos los internamientos y tratamientos se tienen que dar con el consentimiento informado del propio paciente. Es decir, en México antes de mayo del 2022 era permitido que una persona fuera internada en contra de su voluntad en un hospital psiquiátrico.
Pese a que esta modificación es un gran paso, la práctica aún existe y en Documenta proyectan que con el paso del tiempo irá disminuyendo y el gran reto del Estado es dar otra alternativa.
Diana Sheinbaum nos comentó en entrevista para La Marea que dentro de las alternativas viables es que “el Estado tiene que construir y desarrollar otros servicios de atención a la salud mental que no impliquen necesariamente el internamiento, el tratamiento forzoso”.
“La reforma del 2022 es muy importante porque plantea que el Estado está obligado a dar acceso a la salud mental desde el primer nivel de atención” dijo Diana Sheinbaum.
Lo que significa que cualquier persona que tenga la necesidad de recibir servicios de atención a la salud mental, sea de manera pertinente para recibir un diagnóstico oportuno, así como cerca de su comunidad en centros de salud de primer nivel de atención y no esperar a que la única opción sea el internamiento en un hospital psiquiátrico.
Resolución pospuesta ante la Suprema Corte de Justicia
En conjunto la organización civil Documenta AC y el despacho Aguinaco Abogados denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación estos hechos violatorios de derechos humanos en contra de las pacientes del Hospital Psiquiátrico Adolfo M. nieto Tepexpan, en el EdoMex,
Así buscan que la SCJN apruebe la revisión de la situación en la que se encuentran las mujeres internadas en el hospital mencionado y que se determine si están ahí de manera forzada con el fin de que puedan ser indemnizadas y lograr su desinstitucionalización.
De esta manera, abogan para que haya una reparación del daño integral por parte de las instituciones públicas que les permitan nuevamente vivir incluidas en su comunidad sin ser segregadas y recluidas en hospitales psiquiátricos donde se ha demostrado la incapacidad de atención integral digna de cada una de ellas.
“Lo que está en juego y lo que le hemos pedido a la Suprema Corte en realidad es que por un lado se pronuncie en contra de los internamientos involuntarios y por otro lado le ha pedido que se ampare a las mujeres que se encuentran internadas en contra de su voluntad y que puedan verificar que aquellas que están ahí por su discapacidad tengan la posibilidad de acudir a la justicia y también de salir de esta institución psiquiátrica a partir del desarrollo de un plan de desinstitucionalización” explicó la Coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de Documenta.
Desde el 2022 es considerado un delito privar de la libertad en contra de su voluntad a personas con discapacidad mental en hospitales psiquiátricos y se ha documentado que todavía sigue ocurriendo porque hay leyes secundarias como la norma oficial mexicana que no se ha modificado desde el 2014 y no permite su total implementación.
Por tanto, la resolución a favor de la SCJN sería un precedente fundamental para garantizar que nadie sea privado o privada de su libertad por tener una discapacidad social, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetas de derechos.
