Luego de que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés no acudiera a la audiencia programada para hoy ante la Fiscalía General del República(FGR) el político se ha convertido en prófugo de la ley.
Todo comenzó con la denuncia penal que en agosto de 2020 presentó Emilio Lozoya, ex director de Pemex, donde acusó a varios legisladores, entre ellos a Ricardo Anaya de recibir 6.8 millones de pesos por parte de la empresa brasileña Odebrecht como soborno para votar a favor de la reforma energética implementada en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
El excandidato presidencial del PAN podrá ser imputado por los delitos de:
- cohecho
- lavado de dinero
- asociación delictuosa (derivado del caso Odebrecht)
Audiencias pospuestas
La primera audiencia pospuesta de Ricardo Anaya ante la Fiscalía General de la República(FGR) data del 26 de agosto del 2021; posteriormente se aplazaron las del 4 de octubre y la del 8 noviembre del mismo año, en donde la defensa del imputado pedía más tiempo para preparar su defensa, entre otras justificaciones, para permitirles ganar tiempo.
De esta manera llegamos al 31 de enero de 2022, que fue la última vez que la audiencia del acusado se pospuso tras confirmarse que el juez encargado del caso, Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Federal ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, resultó positivo a covid-19.
Por ello, la defensa fue notificada del nuevo aplazamiento para este lunes 14 de febrero de 2022, en las inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Asimismo, la FGR notificó que a esta audiencia el acusado debería presentarse de forma física, porque ya no hay motivo para realizarla vía remota y de lo contrario se podría hacer uso de cualquier medio para llevarlo a comparecer.
Sin embargo, Ricardo Anaya Cortés, alias Ricki Riquin Canayin no se presentó sin motivo aparente, mientras que sus abogados aceptaron desconocer en dónde se encuentra el acusado, razón por la que la FGR ya puede pedir la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Además la FGR ha reconocido que hay “una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.
