Eduardo Rodríguez Miranda

Eduardo Rodríguez Miranda

Personas defensoras de la tierra denuncian criminalización frente a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Protesta UCIZONI frente al Museo Nacional de Antropología
Hay 24 acusaciones infundadas de personas indígenas Ayuujk y Binizza originarias de las comunidades Mogoñe Viejo del municipio San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa.

Ciudad de México.- 22 de abril 2025.En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra,  la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) junto con Artículo 19 y otras organizaciones realizaron una conferencia de prensa frente al Museo Nacional de Antropología para denunciar el constante acoso y criminalización hacia personas defensoras de la tierra, del agua y de la vida de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, tras oponerse al megaproyecto llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Denuncian que dicho Corredor ha sido impuesto sin su consentimiento y ha generado un ambiente de “hostigamiento y criminalización” hacia las comunidades indígenas y defensoras del medio ambiente. Además resaltaron que ninguna de las recomendaciones dadas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para mitigar el impacto del CIIT han sido acatadas.

La Misión Civil de Observación que surgió en el 2022, como respuesta a las agresiones contra los pueblos indígenas, comunidades y personas defensoras de la tierra y el territorio por su oposición al megaproyecto del CITT, dio a conocer en su informe del 2024 que se han abierto al menos 55 carpetas de investigación hacia personas defensoras de los territorios en la región del Istmo. 

Actualmente siguen abiertas tres carpetas en contra de las 24 personas defensoras indígenas Ayyujk y Binizza originarias de las comunidades Mogoñe Viejo del municipio San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa, por el delito de “ataques a las vías de comunicación” y por “invasión por derechos de vía”. 

Delitos que se imputan a dichas personas por protestar de manera pacífica con un Campamento llamado “Tierra y Libertad” que tras 62 días de plantón fue desalojado violentamente. Mientras que a otras se les imputa por negarse a aceptar un pago único que “no compensa de manera justa el valor de su patrimonio y herencia”.

Entre las personas denunciadas se encuentran tres integrantes de la UCIZONI: Juana Ines Ramírez Villegas, Jose Alberto Cayetano Matus, quienes encabezaron la conferencia, y Andrés Pérez Hernández. Reconocidas por su labor como  personas defensoras del territorio y además beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Juana Ramírez, dio cuenta que las múltiples agresiones registradas y perpetradas en su mayoría son por actores gubernamentales de los diferentes niveles lo que “resulta especialmente alarmante el uso del poder punitivo del Estado”, comentó. 

Por lo que hacen un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización que enfrentan las 24 personas indígenas integrantes de las comunidades Mogoñe Viejo del municipio San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa.

“Exigimos la urgente y necesaria intervención de las autoridades con el fin de evitar que habitantes indígenas del Istmo de Tehuantepec sean criminalizados por defender sus terrenos y viviendas” agregó Cayetano. 

Al grito de: “¡no puede haber día de la tierra sin defensa del territorio!” Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio hizo un llamado a que se respete su derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y se deje de violar su legítimo derecho a la salud y a un medio ambiente sano. 

Asimismo, Quintero recordó que en puente Madera con la comunidad Zapoteca se vivió un proceso de criminalización parecido con la misma dinámica punitiva: “Se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de personas defensoras del territorio con sentencias absurdas. Una de ellas de hasta 46 años de prisión en contra del compañero David Hernandez Salazar” agregó. 

Por lo que las comunidades del Istmo, la UCIZONI y las organizaciones como Artículo 19, TerraVida, CEMDA, entre otras, hacen un llamado a la sociedad civil a tomar cartas en el asunto. Asimismo urgen al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que actualicen y refuercen de manera urgente las medidas de protección otorgadas a quienes forman parte de la UCIZONI.