Mientras no se entregue esa información la duda sobre la participación militar permanecerá.
“No debe prevalecer la mentira militar y la razón de Estado; debe prevalecer la transparencia, el derecho a la verdad y el acceso a esa información.” sentenció el abogado, Santiago Aguirre.
En conferencia de prensa los padres y madres de los 43 estudiantes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero convocada en el Campo Militar 1A, ubicado en Naucalpan de Juárez, Edo. de México dieron a conocer su descontento luego de la publicación reciente del documento ‘narrativa de hechos ‘ generado por el gabinete de seguridad del Gobierno Federal.
La conferencia fue realizada en el plantón que mantuvieron en el marco de las acciones por el noveno aniversario de la exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes, como un llamado para visibilizar que todavía no se ha entregado toda la información correspondiente que ayude a dar con su paradero.
“Hay información que el ejército no ha entregado y los padres y las madres continuarán con esta demanda”, mencionó el abogado Santiago Aguirre, director del centro de derechos humanos ‘Miguel Agustín pro Juárez AC’.
Asimismo, dieron a conocer que rechazan tajantemente la publicación del documento ‘narrativa de hechos ‘ generado por el Gabinete de Seguridad encabezado por el licenciado Alejandro Encinas llamándola ‘caja de resonancia’ de las fuerzas armadas.
Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos en la noche del 26 de septiembre del 2014 resaltó que el informe actual criminaliza nuevamente a los estudiantes, especialmente a Bernardo Flores Alvarado uno de los estudiantes, ya que retoma testimonios bajo tortura, mencionó.
Sin embargo, padres y madres destacan dos elementos muy puntuales:
En primer lugar, el nuevo informe se acepta que hubo una junta de funcionarios del más alto nivel de la pasada administración y que ahí se decidió cerrar de forma precipitada el caso con una versión carente de suficientes pruebas científicas; que fue la del basurero de Cocula y que, aún hoy en día, no han rendido cuentas.
En segundo lugar, resaltan que en el nuevo informe el comisionado Alejandro Encinas confirma que aún falta por acceder a documentos que están en poder del ejercito, que no se han compartido ni con la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ) ni con las autoridades ministeriales.
Por ello, exigen todos los documentos con folios consecutivos generados desde 2014 por el Centro Regional de Función de Inteligencia en Iguala y todos los documentos y elementos digitales generados por presencia militar en la Normal Raúl Isidro Burgos, por la infiltración ilegal del ejercito en dicha escuela en el 2014.
“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”
Los padres y madres no saben que hay en esos documentos, sin embargo los expertos internacionales estimaron que eran relevantes para llegar a la verdad, por lo que es comprensible y legítimo que lo exijan al ejército.
A la espera de que se abran estos documentos, los padres y madres de los normalistas tomaron la determinación de suspender temporalmente este plantón. A la expectativa quedan para ver si se cumple con está nueva revisión de los archivos militares, de lo contrario volverán a levantar el plantón si consideran que esto es mera simulación.
Insistieron en que seguramente esos documentos tienen que ver con el paradero, de por lo menos, 17 estudiantes por dos razones, explicó Mario:
1) Había un agente infiltrado dentro de los estudiantes desaparecidos.
2) El propio Alejandro Encinas ayer dijo que en una transcripción de una intervención telefónica que habla de que están trasladando a 17 estudiantes de lagunillas a loma de coyotes. Luego entonces ahí tienen los archivos, la comunicación completa. Exigimos la entrega de esa comunicación porque está relacionada directamente con el paradero de por lo menos de 17 estudiantes.
¿Qué militar hizo la intervención telefónica? ¿Cuáles fueron los teléfonos?
Son dudas que todavía hay que resolver, y que los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa así como la sociedad en general, tienen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
