Familiares de víctimas, colectivas feministas y defensoras de los derechos humanos advirtieron este 31 de julio que sus expedientes ubicados en la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México, en Toluca, corren el riesgo de ser destruidos y retirados, como parte las acciones del plantón que lidera Irene Yashica, madre de Holy Yash víctima de desaparición forzada por policías municipales de Chimalhuacán en 2019.
De acuerdo con Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana, víctima de feminicidio infantil en el 2015, declara que ninguna autoridad de la Comisión avisó a las familias de la toma del edificio, sin embargo, al asistir directamente a las instalaciones denunció ser hostigada y amenazada con destruir sus expedientes.
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La toma irregular de la Comisión pone en riesgo el acceso a la justicia de las mujeres
Las familias de víctimas de feminicidio, homicidio, desaparición, secuestro, violencia sexual, violencia sexual infantil, violencia vicaria; denunciaron a través de un comunicado que la toma irregular pone en riesgo la seguridad, integridad y el acceso a la justicia de miles de víctimas registradas en esta Comisión.
Además señalan que la mujer que tomó las instalaciones identificada como Holy Yash, ha sido señalada en otras ocasiones como un grupo de choque por diversas colectividades, las cuales advierten acciones violentas, engañosas y oportunistas que golpean al movimiento de las familias víctimas.
Urge atención y posicionamiento por parte la Comisionada y autoridades
Carmen Sánchez, activista y sobreviviente de feminicidio, hace un llamado urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como a la Comisionada Rosa María Martínez Venegas, a atender con urgencia la toma de las instalaciones y la garantía de la atención a las víctimas y así como el resguardo y protección de los expedientes de las usuarias.
Lo cual es un derecho y el no hacer vulnera y pone en riesgo información vital, obstruyendo el acceso a la justicia de muchas otras víctimas.
De igual forma menciona que es injusto e indigno que sean las mismas familias y defensoras quienes tienen que proteger las Instituciones que deberían velar por sus derechos, seguridad y acceso a la justicia.
